“Educar por la paz requiere, por un lado, que la escuela brinde una educación de calidad y, por otro, que se convierta en un entorno democrático”

06/06/2017

Diálogo con José Fernando Mejía, psicólogo de la Universidad de los Andes, en Colombia, y coordinador del programa “Aulas en Paz”, sobre el rol que juega la convivencia escolar ciudadana en el ejercicio del derecho humano a la educación.

Por Samuel Grillo

Consultor en formación ciudadana para entidades como la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Fernando Mejía ha participado en el diseño de políticas educativas sobre esta área en diversos países de la región. Actualmente coordina en Colombia el programa Aulas en Paz, que promueve talleres con estudiantes, sus madres y padres y capacita docentes para el desarrollo de las habilidades socio-emocionales con miras a romper el ciclo de la violencia.

“Nosotros trabajamos para que los/as niños/as desarrollen habilidades de resolución de conflictos y manejo del bullying, que es parte importante de lo que creemos que debemos hacer para empezar a construir una cultura de paz en Colombia”, señala el psicólogo.

¿Nos podría comentar acerca de la experiencia del programa “Aulas en Paz”?

“Aulas en Paz” es un programa de prevención de violencia escolar que fue diseñado por el profesor Enrique Chaux, de la Universidad de los Andes. Es un programa basado en evidencias que se construyeron a partir de experiencias nacionales e internacionales que mostraron impacto.

En el 2004, el profesor Chaux reunió el grupo de expertos/as que formó los Estándares Nacionales de Competencias Ciudadanas y, a partir de esta formulación de la política pública para todo el país, nos dimos cuenta de que había una carencia de herramientas concretas para lograr desarrollar estas habilidades de los/as estudiantes y el programa se creó un poco tratando de llenar ese vacío.

El programa tiene una estructura multicomponente donde tenemos actividades para todos/as los/as niños/as de cualquier nivel educativo. Realizamos también actividades dirigidas a niñas y niños con comportamientos agresivos, que reciben un refuerzo en algo que llamamos “grupos heterogéneos”, que tienen dos niños o niñas agresivos/as y cuatro niñas o niños con comportamientos prosociales. Además tenemos actividades con los padres y las madres y un currículo de desarrollo de competencias en el área de ética y de valores.

Tenemos ya 12 años de trabajo en Colombia y estamos en Monterrey, en México, desde el 2009. Además, estamos en Valparaíso, en Chile, y trabajamos en conjunto con el Ministerio de Educación de Perú y el Banco Mundial en el desarrollo de un currículo para el aprendizaje socioemocional bastante inspirado en el “Aulas en Paz”.

Las evaluaciones muestran consistentemente que logramos reducir los niveles de agresión de los niños y niñas y, en algunos casos, aumentar las competencias sociales y disminuir el bullying.

Recientemente, el nuevo Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC fue sancionado. ¿Usted considera que esto debería influenciar las políticas educativas y los currículos escolares?

Sí, creo que es necesario que la educación responda a la coyuntura del Acuerdo de Paz, pero no necesariamente que las acciones de educación para la paz giren exclusivamente alrededor del acuerdo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos desde hace 12 años para que los/as niños/as desarrollen habilidades de resolución de conflictos y manejo de bullying, que es parte importante de lo que creemos que debemos hacer para empezar a construir una cultura de paz en Colombia.

Hay muchas cosas que se estaban haciendo que tienen que seguir ocurriendo, pero ahora la educación tiene el reto de acoger a las hijas e hijos de excombatientes y construir en los/as niños/as una consciencia histórica para que entiendan la situación actual, pensando el pasado y proyectando el futuro.

En los últimos años, se crearon leyes para hacer frente a la violencia y promover la paz en los espacios escolares en Colombia, como la Ley de Convivencia Escolar o la que instituye la Cátedra de la Paz. ¿Podría comentar desde su experiencia como está la implementación de estas iniciativas? ¿Cuáles son los retos y los impactos en la formación de las y los estudiantes?

Además de la Cátedra de Paz tenemos los Estándares de Competencias Ciudadanas, que son anteriores y que ya tienen mucho tiempo de trabajo. Hay retos relacionados con la diferencia entre lo que la política prescribe y la realidad de las instituciones educativas. Todavía, aunque los Estándares existan desde hace casi 13 años, muchos colegios no los conocen. Hay un desafío grande para que eso no sea solamente un discurso, sino que en realidad existan acciones de transformación de la práctica educativa.

Por otro lado, la Cátedra de Paz debe articularse con lo que viene ocurriendo en el país desde hace mucho tiempo en términos de formación ciudadana. Es una ventaja porque no partimos del cero, pero lo que los colegios tienen que entender es que la Cátedra no puede ser un espacio aislado, ella tiene que ver con transformar la escuela y todo lo que ocurre en ella.

Con la Ley de Convivencia Escolar, el reto más grande es que la ley pretende cambiar la forma como las instituciones educativas tratan la convivencia. Eso es difícil porque implica cambios muy profundos, y no solamente la adopción de prácticas aisladas a lo que ocurre en la escuela. Hay cosas en la ley que son confusas y son muchos los comités que la ley dice que hay que crear, aumentando la estructura burocrática en las escuelas.

Hay también cosas en la ley que son aciertos. Los colegios deben tener herramientas diferenciadas, que sean acordes con un enfoque de justicia restaurativa para que cambiemos un poco lo que tradicionalmente se pasa, que es el enfoque en el castigo.

En realidad, educar por la paz requiere, por un lado, que la escuela brinde una educación de calidad y, por otro, que se convierta en un entorno democrático, donde las y los estudiantes efectivamente desarrollen capacidades y competencias ciudadanas.

¿Cuál fue el contexto en que se han impulsado las iniciativas mencionadas en la pregunta anterior? ¿Las organizaciones civiles han tenido un rol en su creación?

Si, de hecho nosotros tuvimos el privilegio de haber tenido un rol directo en muchas de esas cosas, a través del grupo de investigación del profesor Enrique Chaux. Nosotros como “Aulas en Paz” tenemos una ventaja, que es que provenimos de la academia, y tenemos vínculos con este Grupo de Investigación, que por su vez tiene un vínculo directo con el Ministerio de Educación y ha asesorado muchas de esas leyes.

Aunque hubo una participación social, se pudo haber contado con la participación de muchas más organizaciones. Como siempre, se quiere que la participación sea más rica y variada, pero al menos nosotros hemos podido colaborar en muchas de esas iniciativas.

Muchos programas contra la violencia están centrados en las relaciones entre las personas, sean estudiantes o docentes. ¿Además de crear leyes y programas, usted considera que también son necesarios cambios en las prácticas cotidianas en las escuelas?

Sin duda eso es fundamental. Si solamente nos preocupamos porque la gente no construye buenas relaciones, eso no será suficiente si no se cambia también la estructura donde las personas se relacionan.

En Colombia, por ejemplo, desde hace más de 20 años las instituciones educativas construyen Manuales de Convivencia, que rigen todo lo que ocurre en relación a procedimientos en nivel institucional, pero muchas veces estos manuales no implican una transformación profunda de lo que ocurre en la escuela.

Si en realidad nada cambia, no logramos mucho. Es igual con las prácticas pedagógicas de los/as docentes. Si ellas no se basan en una relación respetuosa y horizontal, seguimos reproduciendo relaciones autoritarias, que no producen el ambiente necesario para desarrollar una ciudadanía activa y competente.

¿Cuáles son los desafíos para promover el cambio de las prácticas pedagógicas hacia la no violencia, desde la mirada de las y los docentes?

Hay un desafío grande que tiene que ver con un cambio cultural. Los/as colombianos/as, y no sé qué tanto los/as latinoamericanos/as, tenemos ideas muy arraigadas que justifican la agresión y la violencia. Eso tiene manifestaciones en la violencia asociada con el conflicto armado, pero también tiene expresiones más cercanas, como en la forma como corregimos a los/as niños/as o el manejo de la disciplina y la justicia dentro de los colegios.

Hay una cosa que es difícil cambiar y los/as docentes ya nos dimos cuenta: hay otras formas de disciplinar y nos quedamos en tránsito de una justicia punitiva para una restaurativa. Aunque en nuestras áreas creo que avanzamos en ese tránsito, con contenidos sobre convivencia y ciudadanías, las prácticas de las escuelas son todavía muy tradicionales, se basan en la transmisión, y no en la acción para que los/as estudiantes y todas las personas de la comunidad educativa desarrollen estas habilidades.

Otro reto gigante es que los temas de ciudadanía y convivencia son muy fáciles de centrar en un discurso, es decir, es muy fácil hablar de eso, pero llegar a que los/as niños/as desarrollen esas habilidades y aprendan cosas más allá de repetir discursos es muy difícil.

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