Niños indigenas Lencas en Honduras. Foto: Merlin Aguirre

La desigualdad educativa en los pueblos indígenas y afrohondureños

En Honduras habitan siete pueblos indígenas (miskito, tawahka, maya chortí, nahua, pech, lenca y tolupán) y dos afrohondureños (garífuna y negro de habla inglesa) que, según el censo poblacional del 2007, representan el 20% de la población total del país, y a la vez son grupos étnicos que constituyen una diversidad de lenguas y formas de vida culturalmente diferentes al resto de los hondureños, ósea condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen de otros sectores de la población.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el más importante instrumento internacional que garantiza los derechos indígenas. El Estado de Honduras, como garante de los derechos, ratificó el Convenio 169 el 28 de marzo de 1995, así mismo ha venido adecuando su legislación a los convenios y protocolos internacionales. Un año después, el 31 de marzo de 1996, mediante Decreto No.75-90, el Estado de Honduras ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento que reúne los principios esenciales para garantizar a la niñez el acceso a su bienestar general.

Según un informe de UNICEF “Niñez Indígena y Afrohondureña” (2012), el porcentaje de adolescentes indígenas y afrohondureños/as que no estudia es preocupante, e indica una situación en la que prácticamente un tercio de ellos/as ha abandonado sus estudios. Parece que esta situación se relaciona con el nivel educativo del jefe del hogar. En este nivel de secundaria también se da el fenómeno del ausentismo (32.8%), con causas similares a las referidas para la educación primaria. La tasa de abandono en secundaria es superior a la de primaria, ya que abandonó un 44.3% de los/as alumnos/as reprobados/as, con causas similares a las aducidas para primaria, si bien en este nivel aparece también el embarazo de adolescentes, aunque en tasas muy bajas.

Según XVII Censo de Población y VI Vivienda (Honduras-2013), el 80% de la población indígena y afrohondureña viven en la zona rural, donde en su mayoría la población carece del acceso a los servicios básicos. En relación a los centros educativos, falta inversión en infraestructuras educativas por parte del Estado, obligando a miles de niños y niñas a recibir clases en condiciones inhumanas y antipedagógicas, esto hace un factor más que dificulta que los centros escolares con población indígena tengan acceso a nuevas tecnologías para mejorar el capital cultural en relación a los/as de la zona urbana.

Este mismo censo establece que 17% de la población total indígena y afrohondureña no tiene ningún nivel educativo, que ni siquiera han podido ingresar al sistema educativo. El 1% tiene nivel pre básica, el 64% tiene el nivel básico, 15% nivel medio y superior tan solo un 2% de la población total indígena y afrohondureña.

Los indicadores anteriores ponen en manifiesto una problemática educativa en la población indígena y afrohondureña, esto implica que es necesario un marco legal sobre educación inclusiva, para que el Estado garantice el cumplimento del derecho a la educación de esta población vulnerable.

Además, el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos constituye un principio importante en su realización y cumplimiento. La mayoría de los grupos étnicos en Honduras viven principalmente en los departamentos con mayor incidencia de la pobreza, como La Paz, Lempira, Intibucá y Gracias a Dios. Esto constituye un gran obstáculo para la realización de los derechos humanos esenciales, y esto los pone aún más vulnerables ante el tema educación.

En lo relativo al derecho a la protección, el 36.8% de la población indígena y afrohondureña con capacidades especiales no asiste a ningún centro educativo, mientras que el porcentaje de personas sin discapacidad que no asiste a ningún centro educativo es del 13.8%, lo que evidencia que las personas con discapacidad no gozan de las mismas posibilidades para recibir educación. Además, según se manifestó en las encuestas a los centros educativos, si bien en el 66.7% de dichos centros hay alumnos con capacidades especiales, en el 100% de los casos es el propio maestro quien tiene que darles atención, no existiendo una figura específica para estos casos.

Aunque el Estado de Honduras reconoce a la niñez y adolescencia como actores principales en su desarrollo y la vida, más de dos tercios de ellos transcurre en hogares abatidos por la pobreza, con limitado acceso a una educación de calidad, sometidos a la discriminación, a la falta de protección y con mínimas oportunidades de participación.

Los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño en sus áreas fundamentales son el interés superior del niño y de la niña, la prioridad absoluta, la no discriminación, la efectividad y la solidaridad, como ejes para la adecuación de los marcos legales del país y el diseño de políticas públicas sociales y de protección.

Según el informe de UNICEF “La Infancia en Honduras” 2010, la matrícula no alcanza ni siquiera a la mitad de niñas y niños especialmente en el área rural, donde coinciden altos niveles de pobreza y falta de cobertura en aldeas y comunidades más postergadas. Considerando el rol importante de la educación pre básica para preparar los/as niños/as para la educación primaria, es importante lograr acceso universal de educación preescolar.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados deben tener “debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño”.

Además, el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “la educación del niño deberá estar encaminada a […] preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena”.

Merlin Aguirre, sociólogo, educador popular, promotor y defensor de los derechos humanos de los pueblos Indígenas y afrohondureños, personas en situación de discapacidad y comunidad LGTB. Defensor y promotor del derecho humano a la educación.

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